Mirta Ventura
Agosto 2013
Entre las controversias que son
moneda común entre nuestros distintos espacios políticos se encuentra la
referida a la extracción de recursos naturales. No es fácil describir las
posiciones a favor y en contra de esta dinámica, ya que la mayoría de las
opiniones ahora vertidas, sobre todo de los grupos opositores al gobierno, se
contradicen con la postura que han manifestado anteriormente. En este tema
también siguen con la lógica de oponerse a todo lo que del oficialismo venga.
Este es un tópico muy vigente ya
que involucra temas de soberanía, tecnología y reclamos sociales. Encontrar el
punto justo no es simple, aunque desde algunas voces demagógicas intenten
simplificarlo exponiendo como única variable la crítica social inducida.
La reducción también esgrimida
acerca de que los países más pobres son necesariamente los que basan su
economía en recursos naturales está desvirtuada con contraejemplos como los son Noruega (petróleo) o Nueva Zelanda
(frutos). Sin embargo, no puede obviarse que los países prósperos sostenidos en
estas economías, han impuesto valor agregado a la extracción de sus recursos
naturales. Los gobiernos que tienen éxito en este sentido son los que trabajan
en la constitución de acuerdos entre empresas estatales y privadas para elaborar estos productos, que hacen aumentar
sus exportaciones.
América Latina
En Latinoamérica se ha comprendido
que la lucha por la soberanía pasa, entre otras cosas, por el
autoabastecimiento de la energía. Meta nada fácil de cumplir, pero no
imposible, si el propósito es comprendido por los pueblos además de por los
gobiernos, y si la misma idea es abrazada por muchos de los países de la
región.
El concepto binario entre
comunidades originarias o desarrollismo no debiera tomarse como una alternativa
válida. La inclusión de los pueblos originarios, respetando sus
características, no significa dejar de luchar por la igualdad de todos los
habitantes y la ampliación de derechos aún, para esos mismos pueblos. No sería
resistible intentar cambiar sus
conceptos de vida ni sus religiones, pero no sería loable no ocuparse de su
inclusión en los planes de salud y de educación y en su mejora significativa
respecto a la distribución de la riqueza del país en el que viven y al que
pertenecen.
Nadie podría decir que gobiernos
progresistas como los son los de Ecuador, Bolivia y así también Brasil y
Argentina, debieran elegir una cosa o la otra. Bolivia es un claro ejemplo.
Para ser soberana, para salir del subdesarrollo, ha propiciado distintas
variantes industriales para obtener energía, que requieren del extractivismo.
Bolivia posee gas, explota minerales, como el litio muy requerido en los
últimos tiempos, y desarrolla la megaminería. Todo esto transcurre, no sin
conflicto, porque hay intereses que quieren presentar como dicotomía, el
autoabastecimiento de energía de América Latina y el respeto a toda comunidad
que por derecho primario está asentada en el suelo involucrado.
El conflicto no debería ser tal si
todos se sintieran incluidos en esta lucha emancipatoria que América del Sur y
del Caribe está librando en estos tiempos. Los gobiernos van aprendiendo pero
deben mejorar aún mucho en los acuerdos que hacen con empresas extranjeras,
muchas veces transnacionales, para la explotación de los recursos naturales y
en la aplicación de todas las leyes de seguridad y protección del medio
ambiente. ¿Deberían esperar para hacer uso de sus bienes naturales, que
significan vida para sus habitantes, hasta que se desarrollen autónomamente las
técnicas y se posean los instrumentos sofisticados que el primer mundo
desarrolló en años?
Conocemos que hubo grandes
colisiones cuando el gobierno de Evo Morales planteó construir una carretera
que uniera San Ignacio con Villa Tunari, considerada necesaria desde el punto
de vista geográfico y geopolítico. Los pueblos originarios que por allí habitan
no fueron consultados y se opusieron. Encuentran en estas luchas en todo el
territorio americano, falsos aliados que nunca consideraron primordial los
derechos indígenas y que ahora se visten de ecologistas. Ahondando, a lo que se
oponen estos aliados circunstanciales, es a que estos proyectos faciliten y
permitan tener la eficacia suficiente como para poder lograr el objetivo mayor
de la independencia soberana, que la autonomía energética permitiría alcanzar.
Pero no queda resuelto el conflicto popular.
Argentina
En Argentina se da este
mismo conflicto, no claramente presentado como ameritaría por la importancia
del tema, porque se involucran en el juego muchos intereses.
El gobierno presenta
con claridad sus objetivos y su consecuente derivación en acciones para alcanzarlos. Se subsidia la energía y el
transporte con una estrategia de precios acorde, para favorecer la
competitividad. Las políticas públicas fomentan activamente la sustitución de
importaciones en varias ramas de la industria. En la distribución de roles,
Argentina no quiere asumir el papel del exportador de materias primas sin valor
agregado.
Para lograr estos
objetivos se invierte fuertemente en desarrollo tecnológico y se estimula el
estudio de Ciencia y Técnica, se ha creado el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inversión Productiva, y se repatrían científicos que han emigrado.
El objetivo político
del país en pos de la soberanía nacional es el autoabastecimiento de petróleo y
gas. Los hidrocarburos y la tecnología asociada a su obtención,
industrialización y distribución es política de interés público. Con esta
definición se promueve la posibilidad de mejorar la distribución de la riqueza,
interés primario del proyecto. La expropiación de las acciones de YPF en manos
de Repsol hicieron acceder al Estado al 51% del capital de la sociedad. Este
reposicionamiento permitió que se elaboren reglas a cumplir por las firmas
privadas concesionadas y se recupere, por parte del Estado, la importancia que
le da a la actividad petrolera y su regulación.
Decreto
929/2013 Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos
Soberanía
hidrocarburífera- Decreto 929/2013- Créase el Régimen de Promoción de Inversión
para la Explotación de Hidrocarburos
El decreto es marco del
acuerdo que Argentina firmó con la empresa norteamericana Chevrón, para
comenzar con la explotación de yacimientos en Vaca Muerta, provincia de
Neuquen. Con este decreto se aprobó un nuevo régimen de promoción destinado a
las empresas petroleras. El propósito es estimular la inversión petrolera. El
decreto establece desde su primer artículo que el objetivo fundamental es
lograr el autoabastecimiento energético mediante la producción de hidrocarburos
en yacimientos convencionales y no convencionales. Están incluidas las empresas
ya concesionadas para la explotación con una exigencia precisa de inversión.
El acuerdo contiene
fuertes pautas para la explotación. El 80% de los hidrocarburos obtenidos
quedan en manos nacionales y el otro 20% en posesión de la empresa extractora.
Hay establecidos plazos que cumplir para la inversión y están pautadas las
penalidades por el no cumplimiento. Las acciones de YPF siguen en manos de YPF
y no se derivan a ninguna empresa contratada. Para sostener el proceso de
reindustrialización que implica la continua adquisición de hidrocarburos por el
Estado, el acuerdo permitiría resolver taxativamente el vaciado de divisas.
Además, el decreto establece que si hubiera cualquier tipo de diferencia entre
las partes, deberán resolverse en tribunales argentinos.
Las empresas que se
avengan a este decreto, podrán exportar el 20% de lo producido sin retenciones
y podrán disponer de las divisas. Si las necesidades internas de provisión no
están aseguradas al momento de alcanzar ese beneficio, se obligarán a vender
ese 20%, en el mercado interno.
Se rescata, de este
modo, la importancia de la actividad petrolera que había sido dejada de lado
desde los 90. Se tiende a cambiar la pendiente negativa producto de la
actuación depredadora de REPSOL por varios años. YPF, desde que fue
recuperada, consiguió invertir la tendencia negativa y aumentar la producción
de gas y petróleo, con un crecimiento interanual en mayo de 1,8 por ciento, en
la producción de petróleo y 0,8, en gas natural. El sector
privado conserva, a partir de este decreto, un papel de gran importancia en
inversión y producción, pero regulado por el estado argentino. También están
determinados beneficios muy alentadores para las empresas inversoras, siempre
que cumplan con los requisitos de eficiencia en producción, resultados y plazos
determinados. El régimen de promoción, claramente, fue negociado por el Estado
Argentino, YPF, y la empresa Chevrón con la intención de beneficios para todos
y con la esperanza que haya varias empresas inversoras más.
Argentina tiene vastos
recursos energéticos que necesitan ser explotados. Esta medida es una clara
pauta para el sector industrial involucrado, porque incluye condiciones de
mercado especialmente aptas para los grandes capitales de inversión necesarios
en este tipo de explotación.
Los opositores a cada
paso adelante que se da, no tardan en pronunciarse
en contra. Quienes ni siquiera estuvieron a favor de la recuperación de YPF, se
oponen con argumentos antiimperialistas. No explican cómo desarrollarían una
tecnología propicia a la explotación no convencional del petróleo en muy corto
tiempo o cómo obtendrían divisas extraordinarias. Lo que en realidad pretenden
y no lo dicen, es llevar al país a una crisis financiera que obligue a la
devaluación dado que la balanza comercial, en ese caso, estaría en perjudicial
desequilibrio. Han criticado ferozmente esta política porque dicen que
Argentina no hace nada para atraer inversores y cuando lo hace, se vuelven
nacionalistas al extremo de rechazar inversiones millonarias. Pregonar por
soberanía energética es una falsedad, si teniendo recursos sin explotar, no se
hace nada para superar la escasez de combustible.
Muchos de los que hoy
se muestran horrorizados por este decreto que abre puertas a empresas
extranjeras (que poseen el gran capital y la tecnología necesaria para este
tipo de explotación), ocultan que la caída de reservas hasta 2011 fue
aproximadamente del 70% y que durante 15 años la producción de petróleo siguió
una curva descendente de aproximadamente el 6% anual, como consecuencia de la
política energética de los 90. Los recursos naturales y los activos locales
fueron despilfarrados, mientras las empresas privadas, desreguladas, mantenían
grandes tasas de ganancia, que giraban al exterior sin limitaciones.
“Daña la soberanía
nacional”, dijeron varios de los que siempre defendieron las privatizaciones
y/o se opusieron a todo intento de enfrentar monopolios y a las estatizaciones.
No es serio que Federico Sturzenegger, presidente del Banco de la Ciudad y
precandidato a diputado nacional por el PRO, se preocupe porque “el estado se
ha puesto de rodillas”. Carrió y Solanas, se oponen y van a intentar que el acuerdo
sea rechazado en el Congreso. Lozano lo quiere llevar a la justicia para que se
declare inconstitucional. Cabe recordar que cuando se discutió en el Congreso
la Ley de Tierras que el FPV logró aprobar, Carrió, De Narváez, Michetti y
Solanas (entre otros) estuvieron ausentes y Ricardo Alfonsín votó en contra.
Cuando se aprobó la recuperación de parte de YPF a manos del Estado, Carrió se
abstuvo, De Narváez y Pino votaron en contra, Michetti no estuvo y Alfonsín
votó a favor.
Contradicciones que pueden no ser tales
Sostienen varios
gobiernos latinoamericanos que sin los proyectos extractivistas no se podrían
sostener las políticas sociales. Por otro lado hay muchas protestas
ambientalistas provenientes de los habitantes originales de los lugares afectados
por estas técnicas. Si la discusión es llevada genuinamente, se podría llegar,
quizás, a un acuerdo beneficioso. Todo desarrollo implica contaminación, pero
actualmente hay medidas de seguridad elaboradas y corregidas a la luz de la
experiencia, para que estos daños se vean significativamente disminuidos.
También influye la seriedad e interés que se asuma al emprender estas tareas y
sobre todo quiénes las controlan.
Por otra parte no se
puede obviar que el acrecentamiento del gasto social está muy relacionado a los
ingresos extraordinarios. De allí la divisoria producida en la sociedad
argentina, a partir de la Resolución 125 sobre retenciones. Sin retenciones la
política de inclusión se hace muy difícil. En este caso, los ingresos
extraordinarios provienen de la soja.
Pero no intervienen en
este conflicto solamente estos dos actores: Políticas sociales, Estado versus
ambientalismo, sino que aparecen los intereses corporativos y antinacionales,
defensores del liberalismo, que usan cualquier conflicto para esconder su
verdadera intención: Frenar el difícil camino emprendido para ser soberanos y
para distribuir en forma más justa la riqueza del país, con lo que lograrían
vencer a los gobiernos y restablecer a
la derecha liberal en el poder.
Los ciudadanos
pertenecientes a los pueblos originarios, como todos los ciudadanos de estos
países, tienen la facultad de obtener toda ampliación de derechos que se obtuvo
y de luchar por los que creen que aún no se han conseguido. Dicen que no son
democráticos los proyectos económicos basados en los recursos naturales y las
técnicas de extracción, porque no se los consulta. En muchos casos, en Bolivia
por ejemplo, sí se han hecho plebiscitos y el veredicto fue negativo. Otra
parte de la población podría decir que no es democrático abortar un proyecto
inclusivo porque un grupo particular, con derechos particulares, se oponen.
Podrían argumentar que han votado
democráticamente y se han opuesto. Entonces otros podrían decir que, sin
embargo, los gobiernos nacionales y populares que llevan a cabo estas
políticas, todos fueron elegidos y reelegidos en sus respectivos países, así
como los gobernadores e intendentes de las zonas comprendidas. Es decir, es
democrático. Esto que parece un galimatías, describe la complicación del
concepto democracia en estos casos. Según la constitución vigente los recursos
naturales estratégicos son de cada provincia (sería conveniente que los
recursos naturales estén bajo la tutela de la Nación, pero esto implicaría un
cambio de la constitución), no de ningún sector en particular y el gobierno de
cada provincia es el elegido democráticamente por el pueblo. Se impone llegar a
un punto constructivo con la participación de la gran mayoría.
Democracia
El funcionamiento de la
democracia es una continua pelea de intereses. Extractivismo sí o no, no
debiera ser un conflicto insalvable. Es un tema muy digno de discutir si los
que lo hacen quieren lo mejor para el país y todos sus habitantes. No es
posible enfocarlo desde ningún grupo particular sin tener en cuenta todas las
variables del problema. Deben abordar esta disyuntiva todos los que sienten
válida la lucha por la libertad que otorga la igualdad para todos los
pobladores. Los que se disfrazan de ecologistas o de antiimperialistas, para
impedir la autonomía y volver a 10 años atrás cuando se regaló la soberanía
argentina, abstenerse.
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